FSC-CCOO País Valencià | 26 d?abril 2024.

CCOO no va a admitir una ley de la Administración General del Estado que no garantice la calidad de los servicios públicos

    09/02/2023.
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    Desde esta posición la FSC CCOO PV pone en marcha una serie de asambleas en la Confederación Hidrográfica del Júcar el día 9 de Febrero  y en la Subdelegación de Gobierno en Valencia el día 10 Febrero respectivamente que culminará  con una concentración en la misma puerta de la Subdelegación de Gobierno 13 a 13.30 H.

    Desde CCOO  no admitimos  al actual anteproyecto y reclamamos  al Gobierno que atienda a las movilizaciones impulsadas por el sindicato "para ver si así recapacitan un poco y mantiene un debate más sosegado" antes de aprobar una Ley que "no pone el acento en lo verdaderamente importante", se ha de corregir que, sin un número adecuado de empleadas y empleados públicos es imposible dar un servicio de calidad".

    Llevamos 16 años de retraso, llevamos desde 2007 esperando una Ley de la Función Pública de la AGE y ahora no podemos avalar el Anteproyecto que el Ministerio quiere llevar a final de mes al Consejo de Ministros.

    Este es uno de los proyectos de Ley más importantes y más ambiciosos que puede abordar un gobierno, porque al regular al personal de la AGE va a incidir en toda la sociedad". "La AGE acoge todos los servicios esenciales que se desde el Estado prestan a la ciudadanía, desde las prestaciones del SEPE a las jubilaciones del INSS, desde las terapias del cáncer a las carreteras o la UME. Somos los trabajadores de la AGE los que implementamos todas las políticas sociales del Estado relacionadas con derechos esenciales de la ciudadanía.

    Las dos últimas reuniones con la administración han sido vacías, sin propuesta detallada por parte del Ministerio, sin atender a todo lo que se ha planteado desde CCOO, más allá de pequeñas modificaciones". 

    CCOO pone el acento en tres ejes: empleo público con volumen y calidad suficiente; eliminación de figuras y mecanismos de provisión de puestos de trabajo que den cabida a la discrecionalidad y al amiguismo y no garanticen los principios de acceso al empleo público por mérito y capacidad; y sistema de clasificación profesional que se adecue realmente a la cualificación y funciones de cada empleados y que garantice la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.