FSC-CCOO País Valencià | 21 de desembre 2024.

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 21 DE OCTUBRE DE 2021

    25/10/2021.
    Comunicado

    Comunicado

    Se aprueba el capítulo I y la plantilla para el año 2022

    La aprobación del Capítulo I incluye el aumento del 2% previsto por el Gobierno para el año 2022, y la creación de un gran número de plazas en diversos servicios. Entre ellos se crean todos los puestos necesarios para acoger al personal previsto para cubrir el contrato programa de Bienestar Social, generando de este modo puestos de naturaleza estructural para dar cumplimiento así a la obligación impuesta por la ley de Servicios Sociales Inclusivos.

    Medidas para permitir la estabilización del personal interino que ocupa plazas reservadas

    Con la vista puesta en los próximos procesos de estabilización del empleo temporal, y con el objetivo de obtener el mayor número posible de plazas y reducir el número de personas interinas, se ha aprobado la creación de puestos idénticos a aquellos reservados ocupados por personal interino anterior a diciembre de 2017. Estos puestos de nueva creación se reservarán a los titulares de las reservas, con el fin de liberar los puestos ocupados por el personal interino y que estos puedan salir a estabilización de empleo. De este modo, se ganan 241 empleos estables sin ningún perjuicio para el personal titular de los puestos reservados, que obtendrán una reserva idéntica y en el mismo servicio que la anterior. Este acuerdo es provisional, a la espera de que se publique la ley de estabilización que está en trámite parlamentario, por si ésta previese alguna actuación diferente para estos supuestos. Los sindicatos valoramos muy positivamente este acuerdo, que resolvería el problema de tener mayor número de personal interino que plazas a estabilización.

    Bajas laborales en el servicio de Bienestar Social

    La Corporación asegura que conforme se disponga de las bolsas pendientes que se están tramitando, se cubrirán las bajas médicas de las categorías cuya sustitución resulta obligatoria por lo dispuesto en la Ley de Servicios Sociales Inclusivos.