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    CCOO PV dona suport a la Iniciativa per una llei que garantisca el dret a l'habitatge

      Aquest dimecres Comissions Obreres del País Valencià, juntament amb desenes d'entitats i organitzacions valencianes, ha participat en la presentació de les 8 mesures d’aplicació directa a tot el territori que haurien d'incloure’s en la futura Llei pel dret a l’habitatge, per tal de garantir de manera efectiva el dret a l'habitatge per a tota la ciutadania.

      04/03/2021.
      Mesures 1 i 2

      Mesures 1 i 2

      En la roda de premsa s’han concretat les pròximes accions de suport previstes, com ara la presentació de mocions als ajuntaments del País Valencià i les mobilitzacions paral·leles. La Iniciativa per una llei que garantisca el dret a l'habitatge ha recaptat fins ara el suport de més de 100 organitzacions socials espanyoles, entre les quals es troba CCOO i ha aconseguit la signatura del seu manifest per part de nou grups parlamentaris (Compromís, Nueva Canarias, Unidas-Podemos, ERC, EH-Bildu, BNG, Junts per Cat, CUP i Más País).

      Habitatges dignes i assequibles per a la ciutadania

      Per a CCOO resulta evident que darrere del drama que pateixen milers de persones amb els desnonaments, dels problemes per a poder accedir a un habitatge, de l'amuntegament, de la pobresa energètica i de la precarietat vital de no tindre un sostre, en la majoria dels casos es troben motivacions laborals, d'atur, de precarietat salarial i de condicions de treball que, juntament amb l'insuficient marc de protecció social, generen grans bosses de vulnerabilitat.

      A més a més, la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha deixat en evidència que l'habitatge és el suport per al desenvolupament d'altres drets humans fonamentals com la dignitat, la intimitat, el desenvolupament personal o la seguretat.

      L’objectiu de la Iniciativa és aconseguir que l'habitatge deixe de ser considerat una mercaderia en mans del capital especulatiu, perquè com denuncien “la banca rescatada, Socimis, Fons voltor i Sareb continuen acumulant beneficis, acaparant habitatges i llançant impunement famílies al carrer”. Així, el manifest exigeix “posar fi a aquesta massacre social, que es tinguen en compte d'una vegada els problemes ocasionat per l'absència d'una política social al respecte i que es garantisca aquest dret fonamental de manera efectiva”.

      Una crisi residencial innegable

      A Espanya, el 36,1 % de la població destina més del 40 % dels seus ingressos al pagament d'habitatge i de subministraments bàsics. Únicament el 18,5 % de la població entre 18 i 29 anys s'ha emancipat per les enormes dificultats per a accedir i mantindre un habitatge estable.

      Més de 32.000 persones sense llar, 12 milions de persones en risc d'exclusió social, més d'1 milió de desnonaments entre 2008 i el 3trim. de 2020, molts agreujats amb clàusules abusives i executats amb una legislació contrària als estàndards europeus. Mentre segons l'INE (2011) hi ha 3,4 milions d'habitatges buits, el Parc d'Habitatge Públic i Social és entre 7 i 10 vegades menor que el d'altres països desenvolupats d'Europa.

      A l'Estat espanyol els habitatges socials representen un 2,5 % del parc d'habitatges principals, res a veure amb els percentatges d'alguns països europeus del nostre entorn (Holanda 30 %, Àustria 24 %, el Regne Unit 17,6 %. França 16,8 %).

      Després d'haver entregat més de 60.000 milions de diners públics per al rescat bancari que no han sigut retornats, és de justícia que la nova Llei faça front a aquesta emergència residencial.

      Aquesta iniciativa informativa i de mobilització ciutadana pretén aconseguir que la Llei pel dret a l'habitatge incloga com a mínim 8 mesures d'aplicació directa a tot el territori:

      · Garantir el dret a un habitatge digne, assequible i adequat com a dret subjectiu, i que aquesta protecció siga efectiva i evite que cap persona es trobe sense llar.

      · Paralització dels desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge digne i adequat, així com l'obligació de lloguer social estable per a les grans tenedores i en la resta de casos reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics.

      · Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim al 20 % del conjunt d'habitatges en vint anys, i fer front a l'emergència residencial de manera prioritària.·

      · Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població en cada zona del territori. Modificació de la Llei d'arrendaments urbans per a donar protecció i estabilitat als inquilins del conjunt del país.

      · Garantir els subministraments bàsics d'aigua, de llum, de gas i d’accés a les telecomunicacions per a evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne.

      · Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris, i desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i immobiliaris.

      · Ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials d'habitatge fins a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant com a mínim el 2 % del pressupost estatal. Assignació d'una part suficient dels fons europeus de recuperació a aquest objectiu.

      · Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme.

      És imprescindible que la Llei pel dret a l'habitatge incorpore aquestes demandes d'afectades i de societat civil, que afecten la dignitat de les persones i els drets humans, blinde les legislacions autonòmiques més progressistes i done compliment, d'una vegada al Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals PIDESC i als dictàmens de Nacions Unides i dels tribunals europeus, sense retardar la seua aplicació a desenvolupaments normatius posteriors.

      Documentació associada
      Documentació associada