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CCOO denuncia los perjuicios sobre el medioambiente del proyecto de Ley de Montes

    El sindicato señala que la Ley de Montes, promovida en solitario por el Gobierno estatal del PP, ataca lo público y promueve el beneficio económico a costa del patrimonio natural. El proyecto elimina la condición de policía judicial genérica de los agentes forestales, no concreta la ordenación de los bosques y elimina la prohibición de recalificar los montes incendiados durante 30 años.

    30/03/2015.
    Un agente medioambiental de la sección sindical de CCOO y Juan Cruz, hoy en la rueda de prensa.

    Un agente medioambiental de la sección sindical de CCOO y Juan Cruz, hoy en la rueda de prensa.

    El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO PV, Juan Cruz, junto a agentes medioambientales de la Sección Sindical de CCOO, ha expuesto hoy las consecuencias de la propuesta de Ley de Montes en nuestro territorio y la valoración negativa de CCOO al respecto.
     
    La FSC de CCOO está siguiendo desde su inicio la propuesta del Gobierno y ha preparado enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Montes del Partido Popular. Estas enmiendas ya han sido trasladadas a los grupos parlamentarios en el ámbito estatal, salvo al grupo popular que no ha contestado a la solicitud de reunión.
     
    En el ámbito autonómico, junto con el resto de integrantes de la plataforma de agentes medioambientales en la Comunidad, se han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios EUPV y Compromís, que se han manifestado de acuerdo con nuestros planteamientos, y con el grupo popular, que no se ha posicionado. Está pendiente la reunión con el PSPV.
     
    CCOO ha mantenido contactos también con otras organizaciones, como las asociaciones y las ONG más representativas en medio ambiente, para hacer frente común ante los aspectos más lesivos de esta norma propuesta, con los que coincide la propia fiscalía de Madrid y de los que destacamos:
     
    1/ La eliminación de la condición de policía judicial genérica de los agentes forestales/ medioambientales, convirtiéndoles en auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para CCOO esto supone prescindir de 6.000 profesionales en el ámbito  estatal y casi 250 en el ámbito autonómico preparados en la materia. Con ello, la persecución de delitos contra el medio ambiente, la vigilancia y custodia de los recursos naturales y forestales, del patrimonio histórico y cultural, de los yacimientos arqueológicos dispersos y abandonados en el medio natural y la prevención y denuncia  de delitos contra la ordenación del territorio (construcciones ilegales, informes favorables a proyectos de edificación o la  concesión de licencias contrarias a las normas) se verá profundamente mermada.

    La supresión del término "funcionario", apunta a la intencionalidad de atacar de nuevo lo público y a la búsqueda del beneficio económico con la apertura a manos privadas de la vigilancia de los montes y espacios naturales. Con ello se rebaja el nivel de cumplimiento de las responsabilidades definidas como públicas en el artículo 45 de la Constitución Española. [1]
     
    2/ La ausencia de propuestas concretas y obligatorias para la ordenación de los montes y la elaboración de proyectos de ordenación y planes técnicos de gestión.  Este último aspecto, totalmente abandonado en nuestra Comunidad, ha sido uno de los factores determinantes en el incremento de incendios forestales sufridos en nuestro territorio recientemente.  De 1.267.036 hectáreas de masa forestal existentes en el año 2009, solo un 1,55 % estaba sujeta a ordenación en el año 2012. En ese mismo año, casi 57.000 hectáreas se quemaron. En el año 2014, más de 300.000 hectáreas de masa forestal seguían en alto riesgo de incendio.
     
    Para CCOO, además de la urgencia y necesidad de su puesta en marcha para la prevención de incendios, el desarrollo de estas herramientas posibilitarían la producción de bienes y recursos de naturaleza forestal que generan empleo y dan oportunidades a las poblaciones rurales,avanzando en la consecución de otro modelo de desarrollo más compatible con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
     
    3/ Por último, CCOO entiende que la eliminación de la prohibición de recalificación de montes incendiados durante 30 años y la intención de regular asuntos cinegéticos y piscícolas en esta Ley, son aspectos que obedecen más a intereses económicos que medioambientales.
     
    CCOO denuncia la gran regresión en materia de protección medioambiental que esta Ley, de prosperar en los términos actuales, va a suponer. 
     


    [1] Artículo 45
    1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
    2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
    3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

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