FSC-CCOO País Valencià | 21 de desembre 2024.

CCOO PV se concentra ante las Cortes Valencianas para denunciar el emprobrecimiento de la ONCE

    La movilización, convocada junto a otros sindicatos y organizaciones internas de la entidad, será mañana miércoles 12 de mayo entre las 11:30 y las 12:30 horas

    11/05/2010.

    Mañana miércoles, entre las 11.30 y las 12.30 horas, los delegados y delegadas de CCOO PV de la ONCE, junto a otros sindicatos y organizaciones internas de la entidad, se concentrarán ante la sede de las Cortes Valencianas (pl. San Lorenzo, 4) para sensibilizar a los poderes públicos autonómicos sobre el deterioro económico y social que está sufriendo la ONCE desde hace años. Además se entregará un informe con propuestas para reconducir la actual situación.
    CCOO PV, junto a otros sindicatos y organizaciones internas de la ONCE, denuncia la pérdida de empleo en la entidad a marchas forzadas, se está precarizando el existente y se ha truncado la integración laboral de las personas ciegas mediante el acceso a la venta de sus productos por canales ajenos a las personas con discapacidad (gasolineras, estancos y quioscos de prensa... ).
    Otras de las medidas que se denuncian es el cierre de uno de cada tres centro ONCE y la venta de los edificios propios para trasladar la función institucional a otros ubicado en suelo público. Esta gestión comercial errática y desprofesionalizada multiplica la pérdida de ventas mientras que se mantienen sueldos directivos opacos y más equiparables a las corporaciones privadas que a las Administraciones públicas.
    La ONCE es legalmente una institución social, sin ánimo de lucro y fuerte carácter público desde su fundación. La entidad da empleo directo a 25.500 trabajadores y trabajadoras e indirecto a muchos miles más, además de tener delegada la atención especializada a las personas con discapacidad visual severa.
    Este deterioro económico y social, denunciado por CCOO PV y otras organizaciones sindicales y políticas internas, puede crear un problema social a corto plazo ya que recaería en el erario público y obligaría a la Administración autonómica a asumir la atención de las personas ciegas y deficientes visuales y al Estado a tener que asumir el pago de pensiones. Actualmente estas prestaciones las asume la ONCE cumpliendo de este modo la función institucional de integración social y de generación de empleo.