FSC-CCOO País Valencià | 15 de maig 2026.

CCOO denuncia la privatización de los centros de menores dependientes de servicios sociales

    La medida supone la privatización total de los centros de menores gestionados por la Conselleria de Igualdad y el traslado forzoso del personal empleado público.

    10/04/2026.
    Privatización centros de menores

    Privatización centros de menores

    Los siete centros afectados son de gestión mixta desde su creación. Con esta decisión, la Conselleria da un paso más en el abandono de la gestión pública de los servicios sociales.

    Para CCOO la Generalitat Valenciana está incumpliendo la normativa recogida en el Decreto  27/2023 del Consell, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, y la Ley 160 de 26/2018 de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, cuyo artículo 163.2  dice que las residencias serán de titularidad y gestión de la Generalitat. Excepcionalmente podrán concertarse con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

    Esta excepcionalidad es la línea política que la Conselleria pretende para sus centros, la privatización total de los servicios públicos. 

    La administración ha contactado individualmente con el personal afectado, educadores sociales, personal de cocina y de limpieza, cuestión esta que ha generado una más que comprensible  preocupación entre las personas trabajadoras que prestan sus servicios en estos centros y que es compartida por el sindicato. Desde CCOO exigimos máxima  transparencia y la búsqueda negociada de soluciones en este proceso.

    CCOO se manifiesta públicamente en contra la privatización de estos centros, no compartimos que se priorice el rendimiento económico en sectores vulnerables como en este caso, ya que la privatización supondrá menos personal, menor calidad en el servicio y la pérdida de control en un servicio esencial para la ciudadanía. 

    CCOO  apuesta por la gestión pública de los servicios sociales, como garante de unos servicios públicos de calidad y solventes, que sustenten el escudo social y el estado de bienestar que la ciudadanía merece.