La negociación colectiva damnificada Por Julio Conesa

    22/08/2020.
    Artículo publicado en Levante EMV

    Artículo publicado en Levante EMV

    En ningún momento la declaración del Estado de Alarma llevó implícito la suspensión de los derechos fundamentales, sólo restricciones en cuanto a la movilidad. Sin embargo, en muchos ayuntamientos se vivió una situación insólita: Se suspendieron “de facto” la negociación colectiva y el derecho de consulta.

    Sólo la rápida actuación de los “representantes legales de los trabajadores y trabajadoras” restauró (no en todos los casos) dichos derechos bajo amenaza de ir a los tribunales demandando amparo. Nada justificaba la medida puesto que hay sistemas y fórmulas que, como se vio, permitían mantener un cauce mas o menos fluido de diálogo.

    Pero la toma de decisiones de carácter unilateral, sin negociación, ni consulta, estuvo bastante generalizada, generando no pocos conflictos innecesarios que nos podíamos haber ahorrado.

    Reconozcamos que esta situación era nueva para todo el mundo, nadie había previsto algo así. Pero la respuesta por parte de muchas autoridades locales fue vieja. Esa que ya conocemos de tiempo.

    Ni siquiera contaron con los Comités de Salud y Seguridad en muchos sitios para fijar los criterios sobre los que abordar la distribución del personal, las formas y fórmulas de trabajo presencial o no, los medios de protección, los horarios, etc.

    La vieja idea de que la representación sindical es “un problema”, “un mal inevitable” que impregna las conciencias de muchos ediles, recuperó la fuerza con la que se manifestaba en los años 90 y principios de esta década. No olvidemos que la conquista del derecho de negociación se dio en 1997 (tras la Huelga Gral del 14D) y no cuajó de manera más decisiva hasta 2007.

    A pesar de ello, aún hoy deben pronunciarse los tribunales de justicia una y otra vez para ratificar de manera precisa que el derecho de negociación colectiva forma parte intrínseca del funcionamiento de las administraciones en todo aquello relacionado con su personal.

    Ahora toca aprender de lo vivido. Ser conscientes de que este tipo de situaciones, se repitan o no, como lo han hecho o de otra forma, no pueden pasar por encima de los derechos de negociación colectiva, del diálogo y consulta.

    Resulta primordial el reconocimiento por parte de las autoridades municipales, de las delegadas y delegados, de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras como operadores jurídicos imprescindibles para el correcto funcionamiento de las administraciones.

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