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CCOO solicita apoyos municipales a la defensa de las oficinas de Registro Civil

    En la Comunidad Valenciana existen 542 municipios: Castellón (135), Valencia (266) y Alicante (141), en muchos se realizan funciones de Registro Civil y 119 están servidos por personal funcionario de la Administración de Justicia. La Ley 20/2011 reduciría el número de oficinas (entre 8 y 13), lo que conllevaría una rápida desaparición de los Juzgados de Paz existentes y la justicia de proximidad que imparten.

    02/12/2019.
    Registro Civil

    Registro Civil

    El Sector de Justicia de la FSC-CCOO solicita a las medianas y pequeñas poblaciones de toda España que exijan a las Corts Valencianes, al Congreso de los Diputados y a los grupos políticos el mantenimiento de las oficinas del Registro Civil. El sindicato ha remitido escritos a todos y todas las alcaldesas de los municipios de la Comunidad Valenciana, así como a los y las del resto de territorio nacional, que serán afectados por el cierre de los registros civiles previsto en la Ley 20/2011.
     
    El objetivo es recabar su apoyo a las acciones que el sindicato viene desarrollando durante los últimos años en defensa de un registro civil totalmente público, gratuito, atendido por personal de la Administración de Justicia y con el mantenimiento de todas las oficinas principales y delegadas existentes en la actualidad en las cabeceras de todos los partidos judiciales y en todos los Juzgados de Paz.
     
    En los escritos enviados CCOO informa a los municipios afectados que para el próximo día 30 de junio de 2020 está prevista la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil. Uno de los efectos más perniciosos para el servicio público y para la ciudadanía es el cierre masivo de las oficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones y que los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones, que conforman la historia de esos municipios desde 1871, serán llevados fuera de su localidad.
     
    Si no se modifica en las Cortes dicha Ley antes de su entrada en vigor, a partir del 30 de junio los vecinos y las vecinas de esos municipios se verán privados de la atención directa en este servicio quedando obligados, bien a hacer las gestiones por vía telemática, bien a recabar los servicios de una gestoría o despacho de abogados/as o a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una gran ciudad. Para CCOO la supresión de este servicio público en las pequeñas localidades supone, además, una nueva discriminación hacia la denominada "España vaciada".
     
    Frente a la situación actual de oficinas principales y delegadas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz, la redacción actual de la Ley 20/2011 del Registro Civil solo contempla el mantenimiento de unas pocas oficinas, recogiendo que "en cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil y que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes". Dispone también la Ley que "excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres oficinas generales en cada Comunidad Autónoma".
     
    La entrada en vigor de esta ley con su redacción actual supondrá el cierre de miles de registros civiles en toda España, y reducirá las más de 7500 oficinas actuales a poco más de un centenar.
    El Sector de Justicia de la FSC-CCOO solicita a las medianas y pequeñas poblaciones de toda España que exijan a las Corts Valencianes, al Congreso de los Diputados y a los grupos políticos el mantenimiento de las oficinas del Registro Civil. El sindicato ha remitido escritos a todos y todas las alcaldesas de los municipios de la Comunidad Valenciana, así como a los y las del resto de territorio nacional, que serán afectados por el cierre de los registros civiles previsto en la Ley 20/2011.
     
    El objetivo es recabar su apoyo a las acciones que el sindicato viene desarrollando durante los últimos años en defensa de un registro civil totalmente público, gratuito, atendido por personal de la Administración de Justicia y con el mantenimiento de todas las oficinas principales y delegadas existentes en la actualidad en las cabeceras de todos los partidos judiciales y en todos los Juzgados de Paz.
     
    En los escritos enviados CCOO informa a los municipios afectados que para el próximo día 30 de junio de 2020 está prevista la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil. Uno de los efectos más perniciosos para el servicio público y para la ciudadanía es el cierre masivo de las oficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones y que los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones, que conforman la historia de esos municipios desde 1871, serán llevados fuera de su localidad.
     
    Si no se modifica en las Cortes dicha Ley antes de su entrada en vigor, a partir del 30 de junio los vecinos y las vecinas de esos municipios se verán privados de la atención directa en este servicio quedando obligados, bien a hacer las gestiones por vía telemática, bien a recabar los servicios de una gestoría o despacho de abogados/as o a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una gran ciudad. Para CCOO la supresión de este servicio público en las pequeñas localidades supone, además, una nueva discriminación hacia la denominada "España vaciada".
     
    Frente a la situación actual de oficinas principales y delegadas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz, la redacción actual de la Ley 20/2011 del Registro Civil solo contempla el mantenimiento de unas pocas oficinas, recogiendo que "en cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil y que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes". Dispone también la Ley que "excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres oficinas generales en cada Comunidad Autónoma".
     
    La entrada en vigor de esta ley con su redacción actual supondrá el cierre de miles de registros civiles en toda España, y reducirá las más de 7500 oficinas actuales a poco más de un centenar.El Sector de Justicia de la FSC-CCOO solicita a las medianas y pequeñas poblaciones de toda España que exijan a las Corts Valencianes, al Congreso de los Diputados y a los grupos políticos el mantenimiento de las oficinas del Registro Civil. El sindicato ha remitido escritos a todos y todas las alcaldesas de los municipios de la Comunidad Valenciana, así como a los y las del resto de territorio nacional, que serán afectados por el cierre de los registros civiles previsto en la Ley 20/2011.
     
    El objetivo es recabar su apoyo a las acciones que el sindicato viene desarrollando durante los últimos años en defensa de un registro civil totalmente público, gratuito, atendido por personal de la Administración de Justicia y con el mantenimiento de todas las oficinas principales y delegadas existentes en la actualidad en las cabeceras de todos los partidos judiciales y en todos los Juzgados de Paz.
     
    En los escritos enviados CCOO informa a los municipios afectados que para el próximo día 30 de junio de 2020 está prevista la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil. Uno de los efectos más perniciosos para el servicio público y para la ciudadanía es el cierre masivo de las oficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones y que los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones, que conforman la historia de esos municipios desde 1871, serán llevados fuera de su localidad.
     
    Si no se modifica en las Cortes dicha Ley antes de su entrada en vigor, a partir del 30 de junio los vecinos y las vecinas de esos municipios se verán privados de la atención directa en este servicio quedando obligados, bien a hacer las gestiones por vía telemática, bien a recabar los servicios de una gestoría o despacho de abogados/as o a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una gran ciudad. Para CCOO la supresión de este servicio público en las pequeñas localidades supone, además, una nueva discriminación hacia la denominada ?España vaciada?.
     
    Frente a la situación actual de oficinas principales y delegadas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz, la redacción actual de la Ley 20/2011 del Registro Civil solo contempla el mantenimiento de unas pocas oficinas, recogiendo que ?en cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil y que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes?. Dispone también la Ley que ?excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres oficinas generales en cada Comunidad Autónoma?.
     
    La entrada en vigor de esta ley con su redacción actual supondrá el cierre de miles de registros civiles en toda España, y reducirá las más de 7500 oficinas actuales a poco más de un centenar.