FSC-CCOO País Valencià | 28 de març 2024.

El personal de justicia se concentran en las tres capitales de provincia en defensa del servicio público y de sus derechos laborales entres las principales reivindicaciones.

    Cientos de empleados y empleadas públicas de los órganos judiciales de Valencia, Castellón y Alicante se han concentrado esta mañana ante las sedes judiciales de las tres capitales de provincia

    08/11/2018.

    La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica sus condiciones laborales y pasarán de estar destinados en un juzgado concreto a estar destinados en el municipio, sin garantía alguna de que los cambios no sean al libre arbitrio de los jefes de los servicios y sin garantía del mantenimiento de las retribuciones, han provocado la convocatoria de movilizaciones en toda España, que culminarán con una huelga general el próximo día 16 de noviembre y una manifestación en Madrid, a la que acudirá personal de todo el estado.
    Otra de las grandes agresiones que se producirá es una disminución de personal, en base a las modificaciones pendientes de aprobar en el Senado, y que afectará gravemente, no sólo a las condiciones laborales, produciendo una sobrecarga de trabajo, sino a los usuarios y usuarias de la justicia, que, en muchos caso, sufrirán dilaciones en la tramitación de los procedimientos que les afecten. La prohibición de que se nombre personal de refuerzo aunque persista la causa que provocó el nombramiento ocasionará, por ejemplo, que los juzgados que tramitan las demandas interpuestas por las cláusulas suelo bancarias y que, en la mayoría de los casos, están formados por personal de refuerzo, desaparezcan. Si hemos visto imágenes de cientos de demandas aún sin empezar a tramitar, el cese del personal encargado de hacerlo supondrá un nuevo retraso, sin que haya ninguna planificación de cómo se va a resolver.
    Desde CCOO PV hacemos un llamamiento al Ministerio de Justicia y al Gobierno para que paralicen esta modificación y eviten los ingentes perjuicios que las medidas planificadas pueden ocasionar tanto al colectivo de funcionarios y funcionarias al servicio de la Administración de Justicia, como a la ciudadanía que confía en tener una justicia cercana y rápida.